Las críticas se sucedían:
“¿Qué espera el Gobierno? ¿Piensa aplicar a este
conflicto español el acreditado procedimiento de
dilaciones que ha venido aplicando a otros
conflictos? ¿Cree que puede dejar para la
semana entrante –como se ha hecho en otros
problemas- la adopción de medidas para
combatir el daño? … El Gobierno –siempre
diplomático y parsimonioso- se contenta con
poner en movimiento unas estufas de
desinfección y unos carritos de laboratorio con
líquidos molientes. Y el bacilo que se quiera
asustar, que se asuste…”
A todos los ojos se hacía obvio que esta epidemia
rebasaba la capacidad sanitaria del país. La legislación era
obsoleta frente a las epidemias pero lo peor eran los escasos
y limitados medios existentes para enfrentarse a ellas.
Cuando el problema se trasladaba al siempre olvidado
mundo rural, las deficiencias se hacían dramáticas.
“Doscientos mil niños de menos de cinco años
mueren en un año en España: es endémica la
viruela, el paludismo y el tifus, la tuberculosis se
lleva a una buena parte de nuestra juventud… ¿y
con esta sangría constante de energías y fuentes
de riqueza puede pensarse haya otros problemas
nacionales de urgente solución?”
En los periódicos se va acumulando la información
de manera desordenada: el día 3 hay en Zamora 2.000
afectados (provincia donde se registraría finalmente un 1 %
de fallecimientos en la población); los habitantes del pueblo
conquense de Uña huyen del pueblo hacia la capital, algo
que se repetirá en no pocas circunstancias ante la falta de
atención médica; en el pueblo vallisoletano de Olmedo se
registran el día 5 de octubre 600 afectados y 15 fallecidos.
“Orense, día 6. En la capital sigue aumentando
la epidemia. Muchos casos son gravísimos. Ayer
se registraron ocho defunciones. Anoche un
médico militar encontró en una casa de la calle
de la Reina Victoria tres enfermos en una misma
cama. Era un matrimonio y una hija. Esta niña,
de pocos años, padecía meningitis, la madre
neumonía y el padre gripe”
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